Desde la campaña #RentaBásicaYa expresamos nuestro rechazo ante el anuncio de archivo del Proyecto de Ley 402 del 2021 “Por medio del cual se crea el programa Renta Básica como Política Permanente de Estado en condiciones de derecho de ciudadanía y se dictan otras disposiciones” en la Comisión Tercera del Senado, tras culminar una nueva legislatura.

Luego de crear, de nuevo, una subcomisión para acordar ajustes al texto entre los ponentes del proyecto y el partido de gobierno y sus seguidores, se terminó la legislatura sin acordar un documento definitivo y común para implementar el programa de Renta Básica, sin agendar de nuevo la discusión y votación en la comisión, lo que implicó el hundimiento de facto del proyecto. Ocho proyectos de Renta Básica han muerto en el Congreso de la República en el periodo de pandemia. No hay voluntad política para aprobar la iniciativa por parte de los partidos de gobierno y sus seguidores, mientras millones de familias se consumen en la pobreza y el hambre.

Desde la campaña participamos en la construcción y análisis de este proyecto que se elaboró en la Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente realizada el pasado 11 y 12 de marzo, en donde más de 2000 delegados de organizaciones, ciudadanos y ciudadanas discutieron el articulado del proyecto de ley, además de la realización de eventos regionales y sectoriales que precedieron esta discusión.

La Renta Básica es la concreción del derecho al mínimo vital contemplado en la Constitución de 1991 que obliga al Estado a proteger ese derecho fundamental de los y las colombianas en condiciones de pobreza, como parte de la esencia del Estado Social de Derecho. La Renta Básica, es también una política para enfrentar la crisis económica y social profundizada por la pandemia al aumentar la demanda de bienes y servicios y con ello contribuir a la reactivación económica.

Reiteramos la urgencia impostergable de adoptar un programa de Renta Básica para 21 millones de personas, 9 millones de hogares, que hoy están sumidos en la pobreza y pobreza extrema, contribuir a la reactivación de los sectores productivos del país y revertir, el menos en parte, los retrocesos sociales derivados de la pandemia y la crisis económica, y como parte de las medidas de salud pública que se den seguir adoptando para enfrentar el covid-19.

Desde la campaña ciudadana #RentaBásicaYa hacemos nuevamente un llamado al Congreso de la República y al gobierno Nacional a legislar y orientar políticas públicas para el bienestar de la población colombiana. Continuaremos presionando, realizando un amplio trabajo de pedagogía, recogiendo las preocupaciones desde las regiones y movilizándonos en todo el país para exigir una renta básica ya, de un salario mínimo, universal e individual, como derecho humano para todas y todos los colombianos.

Según cifras del DANE, en 2020 el 42,5% de la población del país se encontraba en condición de pobreza y el 30,4% en situación de vulnerabilidad. En el mes de abril, el desempleo nacional se ubicó en un 15.1% -0,9% más que en marzo-. El mismo DANE señala que para marzo de este año, 21,02 millones de personas subsistían con $331.688 mensuales y 7,47 millones, con menos de $145.004 al mes.

Por otra parte, Colombia ha sido uno de los países con menor inversión social durante la pandemia, con un porcentaje inferior al 2% del PIB, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-. Las Organización de las Naciones Unidas –ONU-, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica –OCDE–  y la Comisión Económica para América Latina –CEPAL– han recomendado al Estado colombiano implementar la renta básica como una de las medidas para reactivar la economía.  

El pueblo movilizado reclama una renta básica además de empleo y educación, como parte de la deuda histórica que el crecimiento económico por sí mismo no ha logrado saldar. El Congreso de la República no puede seguir dándole la espalda a este reclamo social. 

Después de haber cursado y haberse hundido seis proyectos de ley de renta básica, es esta la oportunidad para legislar de cara a los intereses populares. En el mismo sentido, hacemos un llamado al Gobierno de Iván Duque a enviar la solicitud de trámite de urgencia, contemplado en al artículo 163 de la Constitución, para la aprobación inmediata de la ley renta básica.

Desde la Campaña #RentaBásicaYa, seguiremos impulsando y apoyando todos los esfuerzos para que la renta básica sea una política pública estatal, incondicional y universal, que alcance el monto de un salario mínimo para la vida. Es tiempo de aprobar una renta básica ya.

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La iniciativa congresional es producto de una amplísima deliberación social realizada con organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos, quienes han encomendado a 51 congresistas firmantes, entre ellos el Senador Iván Marulanda, la tarea de llevar adelante el presente Proyecto de Ley. Los partidos y movimientos a los que pertenecen los congresistas firmantes son: Partido Alianza Verde, Partido de la U, Polo Democrático Alternativo, Partido Dignidad, Partido Liberal, Comunes, Colombia Humana, Cambio Radical, MAIS y Coalición Decentes-Unión Patriótica.

Sigue con la lectura al interior de la cartilla 

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1. Mirada general: Estado corporativo, paramilitarismo y conflicto armado, inequidad, desigualdad y pobreza, manejo de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19.

En la lectura general de la gestión de Iván Duque, este informe plantea la existencia de un proceso de desnaturalización de lo público-estatal que se manifiesta en una práctica de cogobernabilidad corporativa en donde lo público es capturado con el fin de facilitar el lucro privado, situación que genera un fenómeno de regresividad en materia de derechos humanos. En este contexto, el esquema de pesos y contrapesos también se ve comprometido, pues el Congreso de la República ya no funciona como límite al poder del ejecutivo, sino como otra expresión del poder empresarial.

A propósito de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, se destacan las facultades extraordinarias que ha concentrado el ejecutivo, en donde se cuentan 164 decretos de los cuales apenas 11 se relacionan directamente con el sistema de salud. En las políticas generadas durante la pandemia se refleja una diferenciación profunda en la destinación de recursos del Fondo para la Mitigación de Emergencias (FOME) puesto que se han designado 60 billones de pesos en garantías de crédito para el sistema financiero, frente a 0,96 billones asignados al Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, hecho que va de la mano con la cogobernabilidad corporativa mencionada anteriormente. Por otro lado, es importante señalar que el énfasis de las medidas tomadas en materia de salud se ha dado sobre el aumento de unidades de cuidado intensivo y ha dejado de lado la incorporación de medidas de salud pública que contribuyan a la detección temprana de casos y la prevención de los contagios. Además, no ha habido medidas diferenciadas, de acuerdo con las necesidades específicas de las regiones más apartadas y con menores condiciones para el acceso efectivo a los servicios de salud. Por otro lado, esta crisis ha visibilizado las deplorables condiciones laborales y de trabajo del personal de salud, tras un paulatino proceso de flexibilización laboral y privatización de la prestación del servicio de salud en Colombia que se inauguró con la Ley 100 de 1993, de la cual fue ponente el entonces Senador Álvaro Uribe Vélez.

2. Contexto internacional: Relación con el gobierno estadounidense y con los gobiernos latinoamericanos (con énfasis en Cuba y Venezuela), análisis de la situación fronteriza, relación con los gobiernos europeos, relación con el sistema de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, se destaca un revés respecto al enfoque que se había mantenido durante la administración de Barack Obama que había estado mucho más enfocada en la negociación y los acuerdos de paz. En su lugar, la administración Trump tiene una lectura que cierra las puertas a un proceso de paz con el ELN. En este caso, el énfasis está puesto sobre la lucha antinarcóticos y el retorno de políticas ambientalmente perversas y poco efectivas como las fumigaciones con glifosato (en donde está demostrado que el 50% de las zonas fumigadas se resiembran) y la militarización de las zonas rurales. Asimismo, asistimos a una ideologización de la política exterior basada en una polarización derecha/izquierda a partir de lo cual se truncan las posibilidades de diálogo entre sectores con perspectivas políticas divergentes, en especial, con los países denominados como troika de la tiranía: Cuba, Venezuela y Nicaragua. En este contexto, el gobierno de Duque ha favorecido el intervencionismo estadounidense en América Latina, especialmente, con la excusa de lograr un cambio de régimen en Venezuela.

En cuanto a las dinámicas migratorias, el cierre de pasos fronterizos oficiales en el 2019 y el anuncio del gobierno colombiano de no penalizar el tránsito por los pasos informales, reconfiguró las dinámicas de flujos migratorios en la frontera, incentivando el tránsito a través las denominadas trochas y generando con ello una nueva renta ilegal. Este fenómeno además ha invisibilizado el retorno de colombianos/as víctimas del conflicto que se habían desplazado inicialmente hacia Venezuela y que ahora retornan al país en medio de la crisis que se vive en el vecino país. Cabe destacar que, la tasa de desempleo en los departamentos fronterizos es cinco veces mayor que la media nacional y la tasa de informalidad en el empleo asciende al 80%; 20% más que el promedio nacional. Los municipios de frontera tienen un índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) promedio del 52,81%, cuando mientras que el promedio nacional es del 27,76%. A pesar de las necesidades sociales que esto supone, el énfasis de las políticas de frontera de este gobierno está puesto casi exclusivamente sobre la seguridad y el orden público.

3. Manejo de la pandemia: Una lectura en materia de derechos (salud, trabajo y flexibilización laboral, derecho al agua, educación), militarización, medidas económicas, una lectura sobre la situación de San Andrés y la Amazonia.

Como se ha mencionado anteriormente, el manejo de la pandemia ha implicado la restricción de algunos derechos y la atribución de facultades extraordinarias en el ejecutivo. En este contexto, se han exacerbado muchas de las carencias preexistentes en cuanto al acceso a bienes y servicios básicos. En cuanto al derecho al agua, existe un problema grave asociado con la imposibilidad de participación ciudadana en el marco del aislamiento puesto que nos encontramos con que al menos 23,8 millones de personas no tienen acceso a internet en Colombia (situación que se agrava en zonas rurales) y esto ha reducido significativamente el acceso de la población a mecanismos de control ciudadano, de consulta previa y el trámite inmediato de solicitudes de concesión de las aguas superficiales y subterráneas. Además, las medidas adoptadas para garantizar el acceso al agua desconocen los procesos comunitarios y privilegian a los prestadores empresariales a la vez que ignoran por completo los impactos diferenciados del aislamiento cuando en este país existen muchas personas que no tienen acceso a un sistema de acueducto y por lo tanto no se pueden beneficiar de programas enfocados en las empresas prestadoras del servicio.

En materia educativa, además de la falta de acceso a conexión a internet -como se señaló anteriormente-, se suma la carencia de aparatos tecnológicos. El censo del DANE para 2018, indica que el 50,8% de los hogares en las cabeceras municipales cuenta con computador, mientras que en lo rural solo el 9,4% tienen acceso a recursos tecnológicos. Sin embargo, no existen iniciativas por parte del MEN que satisfagan las particularidades y necesidades de la educación y, en especial, en el contexto rural. Es preocupante también la perspectiva de volver a los colegios, en tanto no se cuenta con condiciones básicas de protección en los centros educativos en donde se viven situaciones de hacinamiento, falta de agua potable e implementos de higiene y desinfección tanto para estudiantes como para personal docente y de servicios generales.

En materia financiera, es necesario destacar la crisis económica que supone el momento actual. Se ha proyectado una contracción en el PIB del 5,5% para este año, un déficit fiscal del 8,2% del PIB y un nivel de deuda del 65,6%, sin duda, la peor recesión en toda la historia del país. Pero resulta aún más preocupante conocer las prioridades del gobierno ante esta situación, en donde se ubica en un primer lugar a las entidades financieras, en segundo lugar, a las empresas, en tercer lugar, a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y sin un lugar claro en la priorización se encuentran las y los trabajadores. Es altamente cuestionable el énfasis que ha impuesto el gobierno, teniendo en cuenta que las MIPYMES representan el 96% de la totalidad de empresas de Colombia. Además, se ha registrado cómo la intermediación financiera ha redundado en que los bancos utilicen recursos públicos en créditos con tasas cercanas a la usura, ampliando su margen de utilidad precisamente en un momento de tan alta vulnerabilidad económica. Por su parte, el gobierno solo ha ejecutado el 12% del presupuesto destinado a conjurar la crisis: de $29,6 billones del presupuesto para atender la emergencia sólo se han ejecutado $3,6 billones, la mayoría de esos recursos se han usado mediante la intermediación financiera: $2,3 billones. No es posible encontrar explicación razonable que excuse la baja ejecución de los recursos previstos para atender esta crisis; el ministerio de Hacienda cuenta con $26,3 billones congelados con los que podría financiar tres meses de renta básica a unos nueve millones de hogares.

A propósito de este último punto, la renta básica se ha constituido como una importante demanda social durante este periodo y se cuentan ya tres iniciativas legislativas con este propósito; todas se hundieron ante la desidia del Congreso y el desinterés absoluto del Gobierno Nacional. Mientras tanto, según el DANE el 54,7% de la población económicamente activa (es decir, 23,3 millones de personas), hace parte de la economía popular, 12,2 millones son informales (por lo tanto, viven del día a día y no tienen ninguna capacidad de ahorro). La cifra de desempleo rozó el 20% en el mes de abril, con un promedio del 23.5% para las 13 principales ciudades, incluyendo un preocupante 25.8% en Neiva y 25.1% en Ibagué.

El departamento del Amazonas siempre se ha caracterizado por vivir un ingente abandono estatal que se manifiesta, entre otros, en la deplorable situación de los servicios de salud del departamento. Mientras existe una sola sala de cuidados intensivos, al 25 de junio de 2020 se contabilizaban 2113 casos de contagio de COVID‑19 en Leticia y 107 en Puerto Nariño. De estas cifras, 711 casos corresponden a población indígena. Si se hace una lectura más amplia de la región amazónica, esto es, incluyendo a departamentos como Vaupés y Guanía se cuentan 3972 casos. En medios de comunicación se ha querido defender la idea de que los contagios llegaron a través de la frontera con Brasil y la respuesta estatal ante esta crisis fue la de enviar 1000 soldados para “cuidar” la frontera, en lugar de responder directamente con medidas en materia de salud. Cabe resaltar que la mayoría de datos sobre la situación de la Amazonia, no están desagregados en términos étnicos y esto impide visibilizar los impactos diferenciados de la pandemia y generar respuestas conscientes de las necesidades específicas de la región.

4. Derechos humanos, garantías y democracia: Sistema carcelario, inteligencia militar, garantías democráticas, políticas públicas, protesta social, pueblos indígenas, derechos ambientales, planes de desarrollo local, elecciones, situación de líderes y lideresas sociales.

Desde comienzos de la década del 60 se produjo un proceso paulatino de cambio en la naturaleza de las fuerzas militares, quienes comenzaron a ejercer un control integral de la población civil a partir de volcar sus prioridades hacia la seguridad interior y de la adopción de mecanismos de inteligencia como parte del nuevo enfoque de seguridad. Desde entonces, el Estado se ha vinculado directamente con operaciones ilegales de seguimiento y del uso de información obtenida a través de estos mecanismos en la perpretación de crímenes de lesa humanidad y prácticas genocidas. En mayo de 2020, una investigación periodística reveló una serie de operaciones ilegales bajo el nombre de “operación bastón”, que vinculaban a 16 generales del ejército, cerca de 230 oficiales y suboficiales, líderes del partido político Centro Democrático (al cual pertenece el actual presidente), organizaciones narcotraficantes, paramilitares, el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, el ELN y las disidencias de las FARC. Tras el escándalo, la respuesta del gobierno fue de amenaza contra quienes filtraron la información a la prensa y contra los periodistas que desarrollaron la investigación.

También, se han realizado señalamientos contra quienes denunciaron el regreso de la política de estímulos para los “resultados operacionales”, hecho que en el pasado produjo un aumento exacerbado de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos); se ha perseguido a magistrados de la Corte Suprema de Justicia encargados de procesos que comprometían a figuras políticas aforadas o que adelantaban en la Corte Constitucional el examen de decisiones relevantes; senadores que lideraban la defensa del proceso de paz y la realización de debates sobre graves violaciones de derechos humanos; integrantes de organizaciones como el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ que adelantan la defensa de víctimas en litigios que involucran a oficiales de las FFMM.

Por otro lado, con la excusa de salvar vidas se ha justificado el despliegue de tecnologías para capturar y procesar grandes cantidades de datos sobre salud y movilidad a través de una aplicación denominada “CoronApp” desestimando o incluso sancionando la resistencia en su entrega. Todas las previsiones construidas para evitar que grandes sistemas de datos sean instrumentalizados como mecanismos indebidos de vigilancia de las personas, especialmente contra periodistas, líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, o minorías étnicas parecen estar suspendidas bajo la excusa del “estado de excepción” y por esta razón, no existe ninguna claridad sobre cuál será el manejo de la información obtenida por parte del Estado a través del uso de esta tecnología.

El año 2019 es considerado como el más violento contra las personas defensoras de derechos humanos, en la última década. De acuerdo con los registros del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos –SIADDHH- del Programa Somos Defensores, durante este año se registraron 844 agresiones individuales, de las cuales 124 corresponden a homicidios. Esta cifra revela un incremento de casos del 4,8%, frente al año 2018 en el que se documentaron 805 agresiones. Del total de las agresiones en 2019, 74,4% fueron amenazas, 14,6% asesinatos, 6% atentados, 3,4% detenciones arbitrarias, 0,8% robos de información, 0,3% desapariciones y 0,1% judicializaciones.

La mayor parte de estos hechos se dirigieron contra liderazgos relacionados con la defensa de la tierra y el territorio y, por ende, hubo incremento de ataques contra los liderazgos indígenas (271 casos). Entre enero y marzo del 2020, desde el Programa Somos Defensores se registraron 197 agresiones, de las cuales 47 son asesinatos, lo que significa un incremento del 88% en relación con el mismo período del 2019.

Mientras tanto, el 2019 se ha caracterizado también como uno de los años más violentos para las mujeres defensoras de derechos humanos; en concordancia con lo planteado anteriormente, para el caso de las mujeres se presentó un aumento del 50% en los asesinatos, respecto a las cifras totales del año 2018. Las duplas de género de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo reportaron 104 hechos de violencia contra defensoras, en razón del ejercicio del liderazgo y la defensa de derechos humanos, de los cuales 86 (82,7%) correspondieron a amenazas, 5 (4,8%) a persecución, 4 a violencia sexual (3,8%), 1 a agresión por parte del esquema de protección (1%) y 8 a otro tipo de agresiones (7,7%). Respecto al mismo periodo del año 2018 se registra un incremento del 50,88% en las amenazas, al pasar de 57 en 2018 a 86 en 2019. Además, hubo un aumento de 166,67% en otras agresiones contra las defensoras, al pasar de 3 hechos en 2018 a 10 en 2019. El Instituto Nacional de Medicina Legal registró 4 casos de presunto delito sexual contra defensoras de derechos humanos y 2 contra mujeres en ejercicio de actividades gremiales o sindicales, lo que representa un incremento del 20% respecto al 2018.

Por otro lado, cabe señalar que la protesta social ha venido experimentando un ascenso paulatino durante este periodo de gobierno. Probablemente uno de los momentos de mayor auge de la protesta social del último año es el del Paro Nacional que inició el 21 de noviembre de 2019 y que articuló a múltiples organizaciones sociales, populares, sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, feministas y de los sectores LGBT, entre otros, para rechazar una serie de reformas laborales y pensionales de carácter regresivo por parte del gobierno de Duque y en defensa del incumplimiento de los Acuerdos de Paz. Esta importante ola de protesta social vino acompañada de una fuerte represión. Se presentaron detenciones arbitrarias, agresiones por parte de la fuerza pública contra civiles (ente agosto de 2019 y junio de 2020 se cuentan 554 personas heridas, de las cuales 21 casos corresponden a problemas de asfixia por el gas lacrimógeno, y 22 a lesiones oculares) y donde se han presentado actos violentos diferenciados en contra las mujeres (hechos de acoso y otras formas de violencia sexual), violencias racistas y agresiones físicas y verbales especialmente dirigidas hacia la población joven.

Por su parte, en el marco de la pandemia del COVID-19, varias ciudades protagonizaron acciones de protesta, dada la insuficiente respuesta estatal para atender la difícil situación a la que se ven sometidas las personas obligadas al aislamiento preventivo. Se pudo evidenciar un uso desmedido de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), quién actuó sin que se haya generado, primero, un diálogo o espacio de concertación con la población y, en segundo lugar, utilizando su armamento (aturdidoras y gases lacrimógenos) de manera indebida e indiscriminada en contra de población de especial protección, como niños y niñas, mujeres en estado de gestación y adultos mayores.

En cuanto a la situación carcelaria, Iván Duque y su partido de gobierno, el Centro Democrático, han jugado un papel determinante en la continuidad y profundización del Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en los años 2013 y 2015 para las cárceles colombianas. Al inicio de su gobierno, Iván Duque anunció un plan de choque y un plan nacional de política criminal, pero hasta el momento no se conoce ningún documento oficial que lo desarrolle. Una de las medidas que se destaca dentro de las propuestas del presidente es la de racionalizar el ingreso al sistema penitenciario, pero lo que las cifras demuestran es que existe un uso cada vez más desmesurado de la prisión como si éste fuera el método de resolución de los problemas sociales y de impartir justicia. Es así como Colombia tiene la tercera tasa de encarcelamiento más alta de América Latina (225 personas por cada 100.000 hab.) y es el segundo país en Suramérica con más personas privadas de la libertad: 112.039 personas en total al 31 de mayo de 2020, de las cuales 33.043 se encuentran en calidad de sindicados, es decir, sin que exista una sentencia condenatoria en firme, situación que demuestra un abuso de la detención preventiva.

Como resultado, la situación de hacinamiento en las cárceles es muy alto. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), 92 de las 132 cárceles del país presentan un grave hacinamiento, siendo particularmente dramático el caso de la cárcel de Riohacha, con un índice de hacinamiento del 302%. Esta situación, crea condiciones favorables para la expansión del COVID-19, pues es virtualmente imposible practicar el distanciamiento social. Hasta el 30 de junio de 2020 se reportaron 1.651 casos activos, de los cuales 1.471 son de privados de la libertad en 24 cárceles. La grave situación carcelaria dio lugar a múltiples protestas durante el mes de marzo de 2020 (huelgas de hambre y motines en cerca de 24 cárceles de todo el país). La respuesta estatal fue de un uso excesivo de la fuerza, situación que expresó los hechos más graves el 21 de marzo de 2020 en la cárcel La Modelo de Bogotá, en donde 23 internos resultaron muertos por arma de fuego y se reportaron 84 heridos. Según datos aportados por medios de comunicación, se registraron actos de tortura contra varias personas privadas de la libertad.

5. Construcción de paz e implementación del acuerdo final: Cooperación para la paz, fondo multidonante y fondo fiduciario europeo, fallida mesa de negociación con ELN.

El segundo año del gobierno de Iván Duque se caracterizó por evidenciar la relación entre élites políticas y narcotráfico. El 3 de marzo de este año, se conocieron las interceptaciones al extinto narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe”, en las que este hacía referencia a una posible compra de votos para la campaña de Duque durante la segunda vuelta presidencial en el 2018.

Mientras tanto, en la historia reciente del país, los gobiernos de Álvaro Uribe y el de su ahijado político, Iván Duque, son los únicos que se han negado a negociar con las guerrillas. En vez de solucionar el conflicto armado, lo han prolongado. La falta de garantías democráticas para ejercer la oposición se refleja con crudeza en el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC. Si bien estos asesinatos no iniciaron en el actual gobierno, este se ha caracterizado por mantener una actitud pasiva frente a estos actos de violencia.

Los asesinatos de los excombatientes de las FARC también van en aumento. Desde el 1 de enero de este año hasta el 30 de junio, han sido asesinados 25 excombatientes, 214 desde la firma del Acuerdo de Paz. El regreso a las armas de un sector de las FARC en agosto de 2019 -algo impensable cuando se firmó el Acuerdo-, también es producto, en parte, del incumplimiento del acuerdo de paz.

Con respecto a la financiación del cumplimiento de los acuerdos, el 9% de los recursos financieros para la implementación dependen de la cooperación internacional La mayor cantidad de recursos se asignaron al punto 4, sobre Solución al Problema de Drogas Ilícitas, mientras que para el punto 3, Fin del Conflicto, que incluye las medidas de reincorporación económica, política y social de las y los excombatientes de las FARC-EP y las garantías de seguridad solamente se destinó el 3,4% de los recursos de cooperación internacional. A pesar de estos datos, es necesario indicar que existe poca transparencia con respecto al uso específico de los recursos, es difícil identificar en todos los casos la articulación del gasto con lo establecido en el Plan Marco de Implementación y los contenidos sustantivos del Acuerdo Final.

Por otra parte, en el año 2019 se realizó la primera elección para autoridades locales de todo el territorio nacional desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Es destacable que hubo un aumento de la participación electoral que para este caso alcanzó el 61%. Como uno de los grandes hechos a destacar se encuentra la elección de Guillermo Enrique Torres Cueter como alcalde del municipio de Turbaco (Bolívar), quien se presentó como candidato del partido Colombia Humana – UP y quien fuere conocido como Julián Conrado “el cantante de las FARC”.

Por otro lado, la participación de las mujeres sigue siendo significativamente baja pues, aunque existen normas que obligan a que exista al menos un 30% de mujeres candidatas, esta medida no se ha traducido en un aumento las cifras de mujeres electas en los comicios.

Asimismo, debe resaltarse que las campañas se dieron en medio de una difícil situación de seguridad, en tanto durante los tres meses de campaña electoral (27 de julio de 2019 – 25 de octubre de 2019) se dieron 135 hechos de violencia contra candidatos, en donde el partido más violentado fue la Colombia Humana – UP con un total de 22 hechos (16,3%). Aunque el gobierno diseñó un Plan de Acción Oportuna (PAO), éste carecía de medidas preventivas y hubo un incremento del 40% en el número de candidatos asesinados, respecto a la elección anterior.

En cuanto a las garantías para la población LGBTI, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior debía elaborar un plan de acción que articulara a todas las instituciones responsables de la materialización de la política pública LGBTI. Sin embargo, pasados casi dos años, aún no está aprobado el plan de acción de esta política. Esto no se puede considerar como un resultado de la simple apatía o lentitud del Gobierno, ya que, desde que Iván Duque asumió la Presidencia, la Dirección de Derechos Humanos ha estado en manos de representantes de los mismos sectores fundamentalistas que se oponen a los derechos que busca garantizar esta política pública. Uno de ellos incluso se ha manifestado públicamente en contra de los derechos de las personas LGBTI y, según denuncias de exfuncionarios de esa Dirección, obstaculizó la aprobación del plan de acción mientras estuvo en ese cargo. la mayor parte de las acciones relacionadas con los derechos de las personas LGBTI que se incluyeron en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, desaparecieron en su articulado. Además, la Unidad Especial de la Fiscalía responsable de estos temas, no ha incorporado lineamientos específicos para investigar los ataques contra personas LGBT defensoras de derechos humanos.

Existe un seguimiento incompleto al cumplimiento del enfoque de género adelantado por la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, que encabeza la Alta Instancia de Género de Gobierno. Esta Instancia sólo tiene en cuenta 51 de 106 indicadores del capítulo de género del Plan Marco de Implementación (PMI). La implementación del enfoque de género de la Reforma Rural Integral (RRI) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) también ha enfrentado una serie de retos específicos. Primero, se ha observado una baja capacidad técnica en materia de género de parte de las entidades encargadas de la RRI y el PNIS, sobre todo porque no suelen contar con profesionales (como en el Gobierno anterior) que dinamicen suimplementación.

6. Informes regionales: Chocó, Cauca, Córdoba, Guajira, Antioquia, Catatumbo, Putumayo

Aunque los informes regionales presentan información específica en relación con la situación de cada territorio, cabe destacar el hecho de que en todos los casos se habla de un escalamiento de la violencia en todas las regiones y se repite una respuesta por parte del gobierno central basada en aumentar el pie de fuerza militar, que, en lugar de traducirse en mayor tranquilidad y relaciones pacíficas a nivel territorial, ha contribuido al escalamiento de las acciones violentas. Además, se resalta también de manera repetitiva, el hecho de que ha existido un accionar articulado entre la fuerza pública y grupos paramilitares.

Además, se señala cómo esta respuesta militar ante los problemas que aquejan a los territorios, implica que el gobierno deja de lado el brindar respuestas humanitarias frente a las múltiples carencias que se viven a nivel regional.

En el Chocó, en el periodo comprendido entre enero de 2018 y septiembre de 2019 la Defensoría del Pueblo emitió 19 alertas tempranas en donde se advierte que al menos el 46% del territorio se encuentra en riesgo por el reposicionamiento de grupos armados ilegales disputando el control de rutas estratégicas para el tráfico de armas y droga. Durante el primer semestre de 2019, 11.300 personas de 54 comunidades han sido víctimas de confinamiento.

En el Cauca, también se señala que existe una acción selectiva por parte de la fuerza pública, que actúa en connivencia con actores armados ilegales y la articulación de estas acciones con la imposición de proyectos económicos minero-extractivos, energéticos, agroindustriales y de infraestructura, orientados a la explotación indiscriminada de recursos naturales en beneficio de agentes ajenos a las comunidades que habitan el territorio.

En la Guajira se señala la persistencia del estado de cosas inconstitucional declarado en el año 2017, ante la vulneración masiva y generalizada de los derechos del pueblo Wayúu. La falta de agua potable, acceso a la salud, alimentación y participación étnica caracterizan la situación que viven los pueblos afectados por el extractivismo minero y el abandono estatal. Adicionalmente, en el contexto actual de pandemia, la emergencia en materia de salud pública presenta riesgos particulares para las comunidades cercanas a las zonas de explotación minera, en donde, de acuerdo con informes de la Secretaría de Salud municipal, se reporta mayor afectación en las vías respiratorias de la población.

En el Catatumbo, el escalamiento de la violencia se expresa de manera particular en un aumento de los homicidios. Entre enero de 2019 y mayo de 2020 se presentaron 218 homicidios y cuatro feminicidios (todos a manos de ex parejas). Entre el 2019 y marzo de 2020 hubo 44 agresiones a líderes/as sociales y 11 asesinatos en Norte de Santander, lo cual implica que durante el primer trimestre de 2020 hubo un aumento del 88% en relación con el mismo periodo en el año inmediatamente anterior. Además, cabe señalar las precarias condiciones del sistema de salud regional, en donde hay una alta escasez de centros hospitalarios (el acceso a un hospital puede significar entre 3 y 9 horas de recorrido para muchas personas) y por la bajísima disponibilidad de personal médico: Un médico por cada 2432 habitantes, pero además, si se excluye a la ciudad de Ocaña (la más grande la región), la relación es muchísimo más baja: un médico por cada 3221 habitantes.

En Antioquia se plantea un contexto de avance y reacomodamiento geoestratégico y territorial de los grupos paramilitares, gracias a la acción u omisión del Estado como en épocas anteriores. Los 125 municipios de Antioquia reportan presencia de al menos una estructura. Las más predominantes son: Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Caparrapos y la Oficina del Valle de Aburrá. Entre 2018 y junio de 2020 se cuentan 630 homicidios, 56 desapariciones forzadas, más de 6300 hechos de desplazamiento forzado y 145 líderes/as sociales víctimas de acciones violentas. En el contexto del COVID-19, ha habido un alto número de detenciones arbitrarias que se han realizado contra personas que se manifestaban en las calles (95% de los casos), lo que advierte el uso indiscriminado del Código de Policía. La respuesta del gobierno nacional ha sido un aumento de la militarización, la erradicación forzada y la implementación del PAO, política que desconoce las voces y necesidades de las comunidades que habitan el territorio.

En el Putumayo se reporta desde 2018 la instalación de tres actores armados: disidencias de los frentes 48, 49, 31 y 1 de las FARC, una estructura paramilitar denominada “La Constru” y un grupo de 30 a 40 narcotraficantes que vendrían de Nariño y que crearon pequeños escuadrones con el fin de llegar al departamento. Además, en este departamento hace presencia el Clan del Golfo y La Mafia Sinaloa. Sus formas y modalidades de acción, van desde la amenaza, hasta el sicariato, las masacres y el desmembramiento. La declaratoria de emergencia económica, social y ambiental decretada por Iván Duque, ha sido el escenario propicio para fortalecer la política de seguridad y defensa del Estado, profundizar el neoliberalismo, avanzar en la militarización de territorios estratégicos y consolidar las economías extractivas y del narcotráfico. Pero también, ha servido de excusa para intensificar el control armado de los distintos actores que hacen presencia en el territorio, por ejemplo, se han presentado amenazas de muerte dirigidas contra aquellas personas que se contagien de COVID-19. A junio de 2020, 13 líderes/as sociales han sido asesinados/as y varios/as amenazados/as, lo cual ha representado hechos de desplazamiento forzado.