A través de esta RB se ha logrado otorgar alrededor de 2.000 dólares mensuales por persona, lo cual ha implicado un gasto de 54.000 millones de dólares anuales para 650.000 personas aproximadamente.

Al respecto, se ha manifestado que gracias a esta RB los índices de fertilidad aumentaron, pues existía una posibilidad económica en las familias que permitían soportar mayores gastos. Así mismo, se pudo identificar una desigualdad menor de renta entre los habitantes y se logró que la población con menos ingreso incrementase mucho más rápido sus ingresos a diferencia de la época donde no se aplicaba la RB.

A través del programa Hartz-IV desde el 2005 se les concede una transferencia monetaria a las personas con edad legal de trabajar, es decir personas entre 15 y 67 años y cuya residencia habitual sea Alemania, cuyos ingresos no superen la cantidad considerada como mínima para satisfacer sus necesidades básicas.

El monto transferido varía entre 380 euros mensuales por cada adulto y se otorgan 220 euros adicionales por cada hijo. Dicha transferencia se hace a través de las cuentas bancarias o por cheque.

Este monto puede cubrir alimentación, ropa, vivienda (incluyendo alquiler y calefacción), seguro médico y las actividades relacionadas con el entorno social y la participación cultural. No obstante, existía una condición para el acceso de tal beneficio, pues dicho beneficio se reducía si la persona se negaba a aceptar un trabajo o no acudía a sesiones de aprendizaje. Dicha condición fue declarada inconstitucional en 2019, pues se vulneraba el derecho a una prestación mínima.

Desde 2008 existe la Renta Dignidad, la cual consiste en un pago mensual, universal y vitalicio a las personas mayores de 60 años que se encuentren residentes en Bolivia.

Este pago consiste en 200 Bolívares mensuales, los cuales son retirados de forma presencial en las entidades bancarias o en recintos militares. Los recursos de esta RB provienen del Impuesto Indirecto a los Hidrocarburos y dividendos de empresas públicas.

Para la realización de este pago la persona debe estar en una base de datos creada por el gobierno boliviano, la cual es nutrida por la Corte Nacional Electoral, entidad encargada del registro civil de todos los bolivianos. Dicha entidad remite la información a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros para que realicen el pago de la renta.

Dicho proceso resulta ser lento, pues una vez la persona hace la solicitud para el pago de su Renta Dignidad, pasan tres meses para acceder a la transferencia monetaria.

Así mismo, existen “observaciones” de los bancos sobre las personas, lo cual puede tardar el cobro del dinero hasta tanto no salgan de dicha observación. No obstante, se ha logrado otorgar esta renta a 1.046.585 personas.

La Renta de Solidaridad Activa implementada desde el 2009 y que ha cobijado a 3,5 millones de personas  aproximadamente, es una renta para personas que no pueden tener ingresos y que sean nacionales, titulares de permiso de residencia o de un permiso de estancia que autorice a trabajar.

Esta prestación sustituyó dos programas de subsidios (uno familiar y otro de empleo) con el fin de otorgar un mínimo a las personas que no pueden obtener ingresos para que logren iniciar, retomar o incrementar su actividad o trabajo.

El monto de la renta varía en función del número de personas en el hogar, lo que una persona puede recibir 524,16 euros y 224,36 euros por hijo y el gasto anual para financiar esta renta es de 7.000 millones de euros. Así mismo, la financiación proviene del Estado y los Departamentos (1,1% de las tasas fiscales del patrimonio (rentas inmobiliarias) y de los emplazamientos financieros (intereses y dividendos).

Este modelo se autofinanció a través de la transferencia de recursos y no de presupuestos generales, pues su financiación consistió en las ganancias provenientes del petróleo.

Esta RB consistió en una transferencia monetaria mensual, individual e incondicional a todos los ciudadanos. No obstante, los pagos se hacían directamente a las cuentas bancarias individuales de la persona cabeza de familia, que en su mayoría eran hombres. Para recibir la transferencia era necesario demostrar el número de individuos que habitaban el hogar. Anualmente se transferían 500 dólares, para un total de 60.000 millones de dólares invertidos por 72,5 millones de personas beneficiarias.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor es la prestación que el Estado argentino otorga a los mayores de 65 años desde el 2016. Esta renta ha sido otorgada a 115.377 personas aproximadamente que no cuentan con ningún tipo de jubilación o pensión. Esta renta se otorga a los ciudadanos argentinos o residentes de mínimo diez años. El monto otorgado son 7.447,28 pesos argentinos mensuales, es decir, lo equivalente al 80% de una jubilación mínima.

Durante el 2017 hasta el 2019 fue aplicada una RB en Utrecht, Holanda, la cual consistía en otorgar mensualmente de 960 euros a 1.300 euros a familias necesitadas de ayuda financiera. 

Este programa consistió en un experimento de la Universidad de Utrecht, el cual seleccionaba 300 participantes que recibirían un cheque para satisfacer sus necesidades básicas. El experimento consistió en dividir en tres grupos a los participantes y asignarles condiciones más flexibles o exigentes según el caso.  Como resultados encontraron que se logró la reducción de la violencia intrafamiliar, de las zonas delictivas y los suicidios.

Durante un año la comunidad de Ontario recibió una RB que consistía en 16.989 a 24.027 dólares anuales para aquellas personas que no tuvieran trabajo y se encontraran entre los 25 y los 58 años.

Dicho programa fue implementado en el 2017 y cubrió un total de 4.000 personas y tenía una duración planeada de tres años. Sin embargo, fue cancelado un año después a su puesta en marcha, ya que el partido conservador consideró que se trataba de una política muy cara.

No obstante, se consideró un programa exitoso porque las personas siguieron trabajando, muchos beneficiarios informaron mejoras en su salud física y mental, participación en el mercado laboral, seguridad alimentaria, estabilidad de la vivienda, situación financiera y relaciones sociales.

El modelo de RB aplicado en Kenia consiste en una iniciativa propuesta por la ONG GiveDirectly, el cual se encuentra financiado por donaciones y recursos de cooperación internacional.

La RB consiste en la asignación mensual de 22 dólares a adultos habitantes de aldeas pobres en Kenia. No obstante, este experimento tiene el fin de comparar grupos de aldeas, donde un grupo tendrá la asignación monetaria por 12 años y otro por dos años, los cuales se confrontarán con otras aldeas que no recibieron ninguna transferencia monetaria.

Los resultados hasta ahora han demostrado que los beneficiarios hacen uso del dinero para costear la educación de sus hijos, comprar bienes de primera necesidad e invertir en pequeños negocios que permiten la promoción de su desarrollo y riqueza.

Através del programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores implementado en el 2019, se realizan transferencias monetarias de 1.275 pesos

mexicanos a personas mayores de 60 años, a través de transferencias bancarias o pago en efectivo en las oficinas de las autoridades correspondientes. A través de este programa se busca que las personas adultas mayores tengan garantizado el acceso a la protección social. Para ello el gobierno mexicano ha establecido unos criterios de elegibilidad según la edad y pertenencia a programas de pensión.

Hasta el momento ha beneficiado a 7.480.998 personas entre las que se encuentran adultos mayores miembros de comunidades indígenas

Como consecuencia de la pandemia del Covid-19, el gobierno brasilero estableció una renta para cada adulto con nivel de renta baja, es decir, que gane menos de medio salario mínimo, el cual consiste en 

Al igual que Brasil, por ocasión a la pandemia del Covid-19 se ha implementado el programa de Ingreso Mínimo Vital, el cual trata de otorgar, durante un año, 451,5 a 1.015 euros a personas que viven en situación de pobreza extrema y se encuentran afectadas por la crisis económica y social. Dicha transferencia del dinero se hará a través de cuenta bancaria.

A través de la creación del Ingreso Familiar de Emergencia, el gobierno argentino otorga una prestación monetaria a una persona por grupo familiar que tenga entre 18 y 65 años, con el fin de

El Bono Proteger consiste en un alivio económico que el gobierno costarricense decretó a raíz de la pandemia del Covid-19. Esta transferencia monetaria está dirigida a personas que se encuentren